Racismo será considerado agravante en Proyecto contra discriminación Las motivaciones ideológicas, racistas o de orientación sexual de las personas, serán considerados como agravantes de las penas en la comisión de delitos, según lo establecen tres indicaciones presentadas por el Ejecutivo y senadores de distintos sectores políticos, al proyecto que establece medidas contra la discriminación, que está cumpliendo su segundo trámite en el Senado.
Dicha iniciativa, está siendo analizada por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Carlos Kuschel (RN), la que tendrá que abocarse al estudio de las 88 indicaciones que se le presentaron para perfeccionarla.
Tales propuestas tienen su origen en el Ejecutivo y en los senadores Andrés Chadwick (UDI), Carlos Kuschel (RN), Jorge Arancibia (UDI), Ricardo Núñez (PS), Guillermo Vásquez (PRSD), Nelson Ávila (PRSD), José Antonio Gómez (PRSD), Jaime Naranjo (PS), Guido Girardi (PPD), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (PS) y Carlos Ominami (PS).
Además, la instancia sigue recibiendo las opiniones de expertos en la materia, lo que fue destacado por el senador Chadwick, quien señaló que se ha avanzado mucho en escuchar a personas vinculadas al tema, “pero podría haber sido mucho más interesante. Esta es una comisión que está viendo un proyecto que envío el Ejecutivo y no hay ningún representante del Ejecutivo y ningún miembro de la Concertación presente”, advirtió el parlamentario.
En lo fundamental, las propuestas para modificar el proyecto apuntan a incorporar nuevas causales que serán consideradas como discriminación arbitraria; a establecer sanciones pecuniarias y de prisión para quienes cometan actos de discriminación o los fomenten; y a perfeccionar los procedimientos para interponer las denuncias ante los tribunales. Respecto al endurecimiento del las penas, tanto el Ejecutivo como los senadores Chadwick, Girardi, Ávila y Vásquez, proponen incorporar como agravantes al Código Penal el “cometer el delito por motivos racistas u otra clase discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca”.
Los parlamentarios también plantean que los delitos cometidos por motivos antisemitas, racistas o ideológicos entre otros, sean sancionados con penas de cárcel más altas.
Asimismo, proponen sancionar con presidio y multas de 50 a 100 UTM (entre un millón 500 mil pesos y tres millones 100 mil pesos) a quienes realicen “manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento por motivos sexuales, ideológicos o raciales, entre otros”.
Discriminación arbitraria
Asimismo, tanto los senadores como el Ejecutivo propusieron nuevas definiciones de lo que puede ser considerado como discriminación arbitraria.
Así las cosas, se propone que en esa categoría se incluirán “toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en la ley y los tratados internacionales ratificado por chile que se encuentren vigentes”.
Los senadores Kuschel, Naranjo, Chadwick, Arancibia, Girardi, Ávila y Vásquez, propusieron que también sean consideradas acciones discriminatorias todas las formas de exclusión o restricción fundadas en la sindicación o participación en asociaciones gremiales o comunales, en el lugar de residencia, en el lenguaje o cultura, en la estructura genética, en el estado civil o filiación de las personas.
Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los senadores también apuntan a perfeccionar el procedimiento que se establece en el proyecto para denunciar los actos discriminatorios. Tales denuncias se deberán hacer ante la Corte de Apelaciones respectiva, pero la acción especial de no discriminación no se podrá interponer si ya existe un recurso de protección presentado ante otro tribunal.
No obstante los plazos para hacerlo varían según las propuestas, porque mientras el Ejecutivo estima que se pueden realizar dentro de tres meses contados desde que se produjo el acto, el senador Chadwick establece un plazo fatal de 15 días, y el senador Kuschel, un plazo de 60 días.
Padres e hijos
Por otra parte, los senadores Girardi, Navarro y Ominami presentaron diversas indicaciones para modificar el Código Civil a objeto de que los padres puedan mantener la tutela o el cuidado de sus hijos, independiente de la orientación sexual que tengan.
En lo fundamental, proponen que “no se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo a las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo”.
Además, se presentó una indicación para garantizar que los bebés hallados muertos en la vía pública, puedan tener una sepultura digna. Esta propuesta fue hecha por el senador Kuschel, tras escuchar la experiencia que vivió un matrimonio en Puerto Montt, que intentó, con muchas dificultades, darle sepultura a los cuerpos de dos bebés hallados en un basural.
Por ello, se plantea que cualquier persona mayor de edad podrá requerir al registro civil, la inscripción en el registro de nacimientos y de defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.
Nuevo consejo y sanciones
Entre las propuestas para perfeccionar la iniciativa, se encuentra una del senador Naranjo que busca crear un consejo especial para la prevención y eliminación de las formas de discriminación que estará integrado por 12 miembros.
Asimismo, establece que le corresponderá al Ministerio Secretaria General de Gobierno, la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminación, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.
Por otra parte, y para evitar una avalancha de denuncias infundadas ante los tribunales, los senadores Arancibia y Kuschel propusieron establecer el pago de una multa a beneficio fiscal de entre 50 a 100 UTM, para quienes hagan denuncias sin fundamentos o con antecedentes falsos o inexistentes.
Entre las indicaciones que establecen sanciones también se contempla una del Ejecutivo y otra del senador Naranjo, para que los funcionarios públicos que cometan actos de discriminación, sean sancionados con multas a beneficio fiscal de entre 50 y 100 UTM.
Fuente: El Mostrador
Dicha iniciativa, está siendo analizada por la Comisión de Derechos Humanos, presidida por el senador Carlos Kuschel (RN), la que tendrá que abocarse al estudio de las 88 indicaciones que se le presentaron para perfeccionarla.
Tales propuestas tienen su origen en el Ejecutivo y en los senadores Andrés Chadwick (UDI), Carlos Kuschel (RN), Jorge Arancibia (UDI), Ricardo Núñez (PS), Guillermo Vásquez (PRSD), Nelson Ávila (PRSD), José Antonio Gómez (PRSD), Jaime Naranjo (PS), Guido Girardi (PPD), Pedro Muñoz (PS), Alejandro Navarro (PS) y Carlos Ominami (PS).
Además, la instancia sigue recibiendo las opiniones de expertos en la materia, lo que fue destacado por el senador Chadwick, quien señaló que se ha avanzado mucho en escuchar a personas vinculadas al tema, “pero podría haber sido mucho más interesante. Esta es una comisión que está viendo un proyecto que envío el Ejecutivo y no hay ningún representante del Ejecutivo y ningún miembro de la Concertación presente”, advirtió el parlamentario.
En lo fundamental, las propuestas para modificar el proyecto apuntan a incorporar nuevas causales que serán consideradas como discriminación arbitraria; a establecer sanciones pecuniarias y de prisión para quienes cometan actos de discriminación o los fomenten; y a perfeccionar los procedimientos para interponer las denuncias ante los tribunales. Respecto al endurecimiento del las penas, tanto el Ejecutivo como los senadores Chadwick, Girardi, Ávila y Vásquez, proponen incorporar como agravantes al Código Penal el “cometer el delito por motivos racistas u otra clase discriminación arbitraria referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, su etnia o nacionalidad, orientación sexual, discapacidad o enfermedad que padezca”.
Los parlamentarios también plantean que los delitos cometidos por motivos antisemitas, racistas o ideológicos entre otros, sean sancionados con penas de cárcel más altas.
Asimismo, proponen sancionar con presidio y multas de 50 a 100 UTM (entre un millón 500 mil pesos y tres millones 100 mil pesos) a quienes realicen “manifestaciones o expresiones destinadas a promover odio, desprecio, hostilidad o amedrentamiento por motivos sexuales, ideológicos o raciales, entre otros”.
Discriminación arbitraria
Asimismo, tanto los senadores como el Ejecutivo propusieron nuevas definiciones de lo que puede ser considerado como discriminación arbitraria.
Así las cosas, se propone que en esa categoría se incluirán “toda distinción, exclusión o restricción fundada en cuestiones de ideología, religión o creencias, lugar de nacimiento, posición económica, cultura, etnia, raza o color, enfermedad o discapacidad, apariencia, lugar de residencia, sexo, género, orientación sexual, descendencia, edad, opinión política o de otra índole, o cualquiera otra condición social o individual y cuyo fin o efecto sea la privación, perturbación o amenaza en el goce o ejercicio de los derechos establecidos en la ley y los tratados internacionales ratificado por chile que se encuentren vigentes”.
Los senadores Kuschel, Naranjo, Chadwick, Arancibia, Girardi, Ávila y Vásquez, propusieron que también sean consideradas acciones discriminatorias todas las formas de exclusión o restricción fundadas en la sindicación o participación en asociaciones gremiales o comunales, en el lugar de residencia, en el lenguaje o cultura, en la estructura genética, en el estado civil o filiación de las personas.
Las indicaciones presentadas por el Ejecutivo y los senadores también apuntan a perfeccionar el procedimiento que se establece en el proyecto para denunciar los actos discriminatorios. Tales denuncias se deberán hacer ante la Corte de Apelaciones respectiva, pero la acción especial de no discriminación no se podrá interponer si ya existe un recurso de protección presentado ante otro tribunal.
No obstante los plazos para hacerlo varían según las propuestas, porque mientras el Ejecutivo estima que se pueden realizar dentro de tres meses contados desde que se produjo el acto, el senador Chadwick establece un plazo fatal de 15 días, y el senador Kuschel, un plazo de 60 días.
Padres e hijos
Por otra parte, los senadores Girardi, Navarro y Ominami presentaron diversas indicaciones para modificar el Código Civil a objeto de que los padres puedan mantener la tutela o el cuidado de sus hijos, independiente de la orientación sexual que tengan.
En lo fundamental, proponen que “no se comprenderá dentro de las inhabilidades para ejercer el cuidado personal del menor, la orientación sexual diversa del padre o de la madre que ejerza o pueda ejercer, de acuerdo a las reglas generales, este cuidado, sea que mantenga o no alguna relación con otra persona de su mismo sexo”.
Además, se presentó una indicación para garantizar que los bebés hallados muertos en la vía pública, puedan tener una sepultura digna. Esta propuesta fue hecha por el senador Kuschel, tras escuchar la experiencia que vivió un matrimonio en Puerto Montt, que intentó, con muchas dificultades, darle sepultura a los cuerpos de dos bebés hallados en un basural.
Por ello, se plantea que cualquier persona mayor de edad podrá requerir al registro civil, la inscripción en el registro de nacimientos y de defunción de un recién nacido que haya sido encontrado muerto y sin que conste que haya sido inscrito anteriormente.
Nuevo consejo y sanciones
Entre las propuestas para perfeccionar la iniciativa, se encuentra una del senador Naranjo que busca crear un consejo especial para la prevención y eliminación de las formas de discriminación que estará integrado por 12 miembros.
Asimismo, establece que le corresponderá al Ministerio Secretaria General de Gobierno, la función de promover y hacer un seguimiento de la coordinación intersectorial a nivel nacional y regional de las políticas públicas antidiscriminación, debiendo elaborar un informe anual de sus resultados.
Por otra parte, y para evitar una avalancha de denuncias infundadas ante los tribunales, los senadores Arancibia y Kuschel propusieron establecer el pago de una multa a beneficio fiscal de entre 50 a 100 UTM, para quienes hagan denuncias sin fundamentos o con antecedentes falsos o inexistentes.
Entre las indicaciones que establecen sanciones también se contempla una del Ejecutivo y otra del senador Naranjo, para que los funcionarios públicos que cometan actos de discriminación, sean sancionados con multas a beneficio fiscal de entre 50 y 100 UTM.
Fuente: El Mostrador
